COBERTURA INFORMATIVA SOBRE PANDEMIAS (XI): COVID-19 Y
RESIDENCIAS DE MAYORES (4)
Carlos Piñeiro Diaz, médico de familia. Magister en Salud
Pública. Divulgador científico
La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de diciembre del 2000, especifica:
Artículo 21.1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier
otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual.
La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se deben promover hechos y no
información falsa, porque compartir información no verificada durante la
pandemia del COVID-19 puede ser peligroso y hacer que nuestra vida sea más
confusa, en el marco de una “infodemia masiva”. La UNESCO y la OMS piden
combatir la “desinfodemia”, trabajando por la verdad en tiempos del coronavirus
COVID-19. Los impactos de la desinformación de COVID-19 son más mortales que la
desinformación sobre otros temas, considerando la información como base del
conocimiento. La desinformación en línea sobre el COVID-19 se instrumentaliza
con fines políticos, racistas, xenofóbicos, sexistas, u otros, y puede
polarizar a la gente y fomentar odios -en un momento en que se necesita, más
que nunca, la unidad mundial. Se consideran nueve temas clave de la
“desinfodemia”: los orígenes y la propagación del coronavirus y de la enfermedad
COVID-19, estadísticas falsas y engañosas, impactos económicos, desacreditar a
periodistas y a medios de comunicación creíbles, desinformación respecto a la
ciencia médica ( síntomas, diagnóstico y tratamiento), impactos sobre la
sociedad y el medioambiente, politización, contenido promovido por actores que
buscan ganancias fraudulentas y desinformación enfocada en celebridades.
En el documento
técnico del Ministerio de Sanidad, publicado el 5 de marzo, de recomendaciones
para residencias de mayores, no figura que los mayores contagiados por COVID-19
no podían acudir al hospital, ni exigía a las residencias que dejaran en sus
cuartos a todos los mayores con sintomatología respiratoria aguda. El documento
es un protocolo de actuación para residencias de mayores y centros
sociosanitarios para el COVID-19, donde se especifican las actuaciones ante
contactos y casos de COVID-19 y donde se pide a los centros sociosanitarios que
detecten que un residente pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19 le
indiquen a esta persona «que permanezca en el centro o residencia» y que
se lo comuniquen a los servicios de salud pública para que valoren dicha
identificación según el procedimiento de actuación.
Es diferente la
interpretación, aplicada en alguna Comunidad Autónoma, como la de Madrid,
cuando se ha recibido en centros sociosanitarios y residencias un protocolo de
actuación con “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” relativos a
residentes, tal como han publicado los periodistas de InfoLibre y El País,
basados en las evidencias de los documentos originales. Ha surgido la polémica
y los grupos políticos luchan entre sí de forma agria, así como se incrementan
las demandas judiciales por parte de los familiares afectados por el
fallecimiento de su familiar, donde la desinformación y la ausencia de la
consulta con los mismos ha primado, en pro de preservar el colapso del sistema
sanitario y vulnerando el derecho a la información de las familias afectadas,
así como derechos fundamentales de los residentes. Como consecuencia del
coronavirus, en muchos países del mundo, se provoca la ruptura repentina de las
relaciones familiares, la incapacidad de ayudar a sus seres queridos en sus
últimos momentos, así como la prohibición de celebrar funerales, siendo considerados
como factores que pueden producir un sentimiento de culpa, al no poder
cumplimentar lo más básico de las relaciones humanas. La valoración desigual de
la vida de los mayores ha provocado un auténtico colapso en el seno de las
familias, donde desde el principio de la pandemia parecía ser un problema
exclusivo de las personas mayores, viejas y frágiles.
La insuficiencia de
recursos de la atención médica ha puesto en peligro la vida de los mayores,
aunque nunca pareció ser prioritaria, porque no existían condiciones óptimas
para superar una pandemia como la del COVID-19. La respuesta social hacia los
mayores ha fracasado y se ha hecho con lentitud, pareciendo aceptar la existencia
de una ciudadanía de segunda clase.
Un país avanzado como
Canadá, ocupa el primer lugar, entre 16 países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico), por su elevado número de fallecimientos
relacionados con el coronavirus en residencias de mayores. El 81% de las
víctimas por COVID-19 en Canadá, se registraron en hogares de cuidado a largo
plazo. El promedio de la OCDE es del 42%. Australia, Austria y Eslovenia, que
implementaron "medidas de prevención específicas" dirigidas a hogares
de ancianos, incluidas las unidades de segregación y la detección amplia de la
enfermedad, han registrado "menos infecciones y muertes por
COVID-19". Por el contrario, Canadá, como Francia, España y Estados Unidos,
Inglaterra, tomaron medidas más limitadas, según el estudio.
Existen guías
internacionales y nacionales que permiten valorar la situación de fragilidad de
los mayores. El objetivo es identificar a los pacientes que tienen un mayor
riesgo de malos resultados y que pueden no beneficiarse de las intervenciones de
cuidados críticos. Los riesgos y beneficios y los resultados probables deben
discutirse con los pacientes, cuidadores y las familias utilizando herramientas
de apoyo a la toma de decisiones (cuando estén disponibles) para que puedan
tomar decisiones informadas sobre su tratamiento siempre que sea posible.
20.656 personas mayores usuarias de
residencias de mayores públicas, concertadas y privadas de toda España han
fallecido desde el inicio de la pandemia del COVID-19, según Europa Press.
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