lunes, 22 de junio de 2020

COBERTURA INFORMATIVA SOBRE PANDEMIAS(IX): COVID-19 Y RESIDENCIAS DE MAYORES(2)


COBERTURA INFORMATIVA SOBRE PANDEMIAS(IX): COVID-19 Y RESIDENCIAS DE MAYORES(2) Dominical Nordesía Diario de Ferrol, 22/06/2020, página 11-35



COBERTURA INFORMATIVA SOBRE PANDEMIAS (IX): COVID-19 Y RESIDENCIAS DE MAYORES (2)
Carlos Piñeiro Diaz, médico centro salud de Narón. Magister Salud Pública
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de diciembre del 2000, especifica: Artículo 21.1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

 La sociedad parece estar en shock emocional como consecuencia de la difusión de un video grabado en un hospital, donde se plantean las medidas restrictivas relacionadas con las tomas de decisión para ingresos en hospitales, siendo las personas mayores perjudicadas por su situación de vulnerabilidad. La ola de indignación crece en la población general, cuando se reconoce la incapacidad de las administraciones para la protección de la salud y la vida de los mayores. La pregunta inevitable es si se adoptaron las medidas adecuadas para evitar los dramas humanos que se van conociendo, a través de las demandas judiciales y las opiniones de diversos colectivos de mayores. El día 5 de marzo se publicó un documento técnico del Ministerio de Sanidad para la prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y centros sociosanitarios, basándose en los datos científicos que provenían de China, donde se revela que la infección vírica por el SARS-Cov-2 presenta mayor mortalidad en mayores de 65 años con patología cardiovascular (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardiaca), aumentando con la edad. La advertencia de vulnerabilidad de los mayores, que viven en residencias, era clara: suelen presentar patologías de base o comorbilidades (presencia de una o más enfermedades, aparte de la enfermedad primaria), edad avanzada, contacto estrecho con otras personas (cuidadoras) y otros convivientes, permanencia en entornos cerrados y acompañados de personas mayores, también altamente vulnerables. El escenario posible era conocido y por ello se plantearon recomendaciones de prevención y control de la posibilidad de infección, pero la respuesta ha sido dispar y no se adoptaron todas las medidas previstas. Cada centro debería elaborar un plan de actuación dirigido a la eventual aparición de brotes, adaptado a las características de cada centro, con equipos de protección adecuados a la situación, la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes, así como un plan de continuidad de la actividad ante una previsible baja de personas. En el documento se especificaban las medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores y responsables de los centros para protección de la salud de residentes, las actuaciones ante contactos y caos de COVID-19, las medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores, medidas de limpieza y desinfección de las superficies y espacios, gestión de residuos, vajilla y ropa de cama e identificación de los casos en investigación. Toda la información y las medidas se habían recomendado, así que es necesario analizar por qué ha ocurrido un desastre tan alarmante. Se mantiene que el problema no ha radicado en la calidad de las recomendaciones formuladas por el Ministerio de Sanidad, en base a las evidencias científicas. El problema estuvo en las condiciones de los centros para poder aplicar las recomendaciones.
 Los efectos, cuando el COVID-19 llega a las residencias de mayores, son devastadores, provocando un número desproporcionado de muertes, en muchos países del mundo, incluido España. Más de 18.000 personas mayores usuarias de residencias de ancianos, públicas, concertadas y privadas, han fallecido en el marco de la pandemia del coronavirus.  En la Comunidad de Madrid, el total de fallecimientos en los centros de servicios sociales de carácter residencial autorizados y que prestan atención a personas mayores, personas con discapacidad y con enfermedad mental, desde el 8 de marzo de 2020 hasta el 12 de junio, ascienden a 8.111 personas. 1.251 residentes murieron confirmados con prueba de la enfermedad y otros 4.728 usuarios con síntomas compatibles.
 En Cataluña, la Generalitat catalana, ha reportado hasta el día 16 de junio, un total de 4.085 muertes en residencias de la comunidad.
 La Junta de Castilla y León registra 2.591 fallecimientos de personas alojadas en 1.214 residencias de mayores, tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad, de las cuales 1.486 corresponden a casos confirmados por COVIS-19 y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.
 El gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado que el número de fallecidos asciende a 1.298 personas. El gobierno de Aragón, reporta 758 fallecidos. En el País Vasco, 625 usuarios de residencias han fallecido durante la pandemia. En la Comunidad Valenciana, han sido 557 los fallecimientos de los centros de mayores. En las residencias de mayores de Extremadura, acumulan 432 fallecidos. En Navarra, han fallecido 268 personas, a las que se suman 164 muertes con síntomas compatibles, pero sin confirmación, sumando 432 decesos.
 En Galicia, el total de personas fallecidas con COVID-19 ascienden a 274 personas, vinculadas con centros residenciales, de las que 132 murieron dentro de los propios centros geriátricos.
 En Asturias, han fallecido 224 usuarios de residencias de mayores, tanto públicas como privadas, durante la pandemia. En La Rioja, han fallecido 209 personas mayores de residencias. En Cantabria, son 141 los usuarios de residencias fallecidos. En Murcia, refieren 68 personas fallecidas en residencias de mayores. En las Islas Baleares, se han registrado 89 personas fallecidas. En Canarias, se han contabilizado 19 muertes en centros de mayores.
 La pregunta inevitable de las familias afectadas es si se hubieran podido evitar los fallecimientos.




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